Indemnización de 6000 euros a un periodista por publicar información personal indebida

Un periodista ha sido condenado por el Tribunal Supremo a  indemnizar a una profesora por mencionar sus datos personales en dos noticias publicadas en el año 2005 sin su consentimiento

Según consta en la Sentencia, la primera de las dos noticias apareció en el diario El Mundo el día 13 de junio de 2005 donde se cuenta la historia de una alumna de 14 años que amputaba el dedo de su profesora por una disputa en la clase. La Vanguardia amplió esta noticia añadiendo diversos datos personales de la profesora agredida, sin que pudiera acreditar que disponía del consentimiento para hacerlo.

El asunto fue denunciado y recientemente el Tribunal Supremo ha condenado a este medio y al periodista a indemnizar con 6000 euros a la profesora por vulnerar su derecho a al intimidad.

El Tribunal recuerda literalmente en su Sentencia que el derecho a la intimidad personal, según reiterada jurisprudencia, se encuentra limitado por las libertades de expresión e información. La limitación del derecho a la intimidad personal por la libertad de expresión o de información tiene lugar cuando se produce un conflictoentre uno y otro derecho, el cual debe ser resuelto mediante técnicas de ponderación constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

Esta ponderación, afirma el Tribunal, debe valorar los siguientes puntos:

• 1º: se debe tener en cuenta si la información tiene relevancia pública o interés general en cuanto puede contribuir al debate en una sociedad democrática cuando se proyecta sobre personas que desempeñan un cargo público o tienen una personalidad política y ejercen funciones oficiales, lo cual es sustancialmente distinto de la simple satisfacción de la curiosidad humana por conocer la vida de otros, aunque se trate de personas con notoriedad pública que no ejerzan tales funciones.
• 2º: La libertad de información, para que pueda prevalecer sobre el derecho al honor exige que la información cumpla el requisito de la veracidad, por la que se entiende el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales, pero este requisito resulta de menor trascendencia cuando se afecta al derecho a la intimidad personal y a la propia imagen.
• 3º: Cuando la difusión de datos de carácter privado afecta no sólo al personaje a quien corresponde el ejercicio de funciones públicas u oficiales, sino también a terceras personas, debe valorarse en qué medida la difusión de los datos relativos a éstas tiene carácter justificado por razón de su carácter accesorio en relación con el personaje público al que se refiere, la necesidad de su difusión para ofrecer la información de que se trate y la aceptación por el tercero de su relación con la persona afectada como personaje público.
• 4º: La ponderación entre los derechos en conflicto debe efectuarse teniendo en cuenta si la publicación de los datos de la vida privada está justificada por los usos sociales.

En base a todo lo anterior el Tribunal Supremo concluye en entender que “la consideración de las circunstancias concurrentes conduce a estimar que la libertad de información no puede en este caso prevalecer sobre el derecho a la intimidad de la demandante, como así mantiene el Ministerio Fiscal en su informe, pues en el juicio de ponderación entre ambos derechos debemos inclinarnos a favor del segundo a tenor de las circunstancias concurrentes.“

Por todo lo expuesto, el hecho de publicar los datos personales de la profesora en La Vanguardia ha vulnerado su derecho a la intimidad y termina en condenar a una indemnización de 6000 euros tanto al periodista como al medio de comunicación.

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