Un grupo de internautas ingleses decidieron presentar este mes de enero una demanda frente a Google al considerar que su actuación era contraria a la Directiva Europea 2009/136/CE, una enmienda a la Directiva Europea sobre procesado y retención de datos y protección de la privacidad en las comunicaciones electrónicas.

Esta enmienda exigiría que Google pueda utilizar cookies, que son dispositivos de almacenamiento y recuperación de  la información en los equipos informáticos sobre los hábitos de los internautas al navegar por la red, siempre que haya obtenido de los mismos su previo consentimiento para lo que debería facilitarles información completa de para qué usará esos datos obtenidos y cuáles serán los fines del tratamiento de esa información.

De lo que se acusa pues al buscador es de instalar cookies a los usuarios sin su consentimiento infringiendo así la Ley de Protección de Datos de 1998 de Gran Bretaña, similar a nuestra Ley española de Protección de Datos, y por ende violando su privacidad.

El gigante de Mountain View alega que los tribunales británicos no son competentes jurisdiccionalmente para conocer de la demanda, de manera que los usuarios deberán presentar sus quejas en Estados Unidos a cuyos tribunales se somete Google Inc al tener su sede allí, opinión que por el contrario no comparten los estados europeos que consideran que se encuentra sometido a su jurisdicción al orientar su actividad a sus ciudadanos. Muestra de ello es que en la vista que se celebró el pasado 16 de enero, los magistrados de la Corte, a pesar de la petición de Google en sentido contrario, consideraron que la jurisdicción judicial de Reino Unido es la adecuada para tramitar la demanda, que fue admitida a trámite.

Por el contrario según Antony White, para condenar a su defendido, debería probarse que su actuación ha sido “repetida o continuada”, añadiendo en su opinión que la indemnización que pudiera obtenerse sería “muy modesta”.